Las dos caras de García: de pequeño agricultor a empresario minero

Por Anahí Chaparro

En la campaña electoral del 2006, Alan García expresó, en Ayabaca, su compromiso con la defensa de la agricultura. Así, luego de catalogarla como “un programa social contra la pobreza” y señalar que “la minería es lo que menos empleo da”, aseguró que respetaría la voluntad del pueblo de Ayabaca y que no permitiría “que ninguna mina se enseñoree y lo domine”. El video que muestra estas declaraciones circuló un año después, ante la negativa del Ejecutivo de respetar la consulta popular donde la población rechazó el proyecto minero Río Blanco. Si se dan unos minutos para verlo, apreciarán no solo la florida labia de nuestro próximo ex presidente, sino las contradicciones de su doble discurso.

Para el candidato García, la política de libre mercado adoptada por Fujimori, “la ley del más fuerte”, no había podido promover el desarrollo del país. Pero, pasadas las elecciones, para el presidente García, Ayabaca debía seguir el rumbo de Ilo y apostar por la minería, en lugar de “estar contra la inversión, sin explicar cómo, con una agricultura pobre, se podría dar un salto a un mayor desarrollo”. Es así que, en el 2007, el Ejecutivo presentó una propuesta de ley para declarar 20 proyectos mineros de interés nacional, dentro de los que se encontraba el proyecto Río Blanco.

Episodios como este nos ayudan a entender por qué la mayoría de este país se muestra frustrada con el funcionamiento del sistema político. Ante la dificultad para canalizar sus demandas, la sociedad civil ha encontrado distintas estrategias para visibilizar su posición, como la organización de consultas como la arriba mencionada, la movilización y toma de carreteras, y, más recientemente, la construcción de alianzas con los gobiernos sub-nacionales para promulgar ordenanzas que establezcan límites o condiciones a la minería. Por su parte, el Estado central, reacio a escuchar a la población, ha deslegitimado a cualquiera que discrepe con su política extractivista. Solo ante la evidencia de una grave situación de crisis se ha establecido mecanismos de negociación, los cuales han terminado en mesas de diálogo que apaciguan los ánimos, pero sin resolver las inquietudes de la población, como en Bagua, o en la cancelación de proyectos que, al ser decisiones improvisadas, generan una situación de inestabilidad con posibles demandas al Estado, como en Islay o en Puno.

El caso de Puno nos interpela, nuevamente en un contexto de cambio de gobierno, sobre lo que nos están diciendo estos conflictos. En este contexto, gran parte de la discusión se centra en la necesidad de manejarlos: en atenderlos con mayor rapidez para que no escalen o en crear organismos especializados que tengan la capacidad y competencia para solucionarlos. Se discute poco sobre cómo incorporar a la población y a los gobiernos regionales y municipales en la toma de decisiones, que es lo que finalmente se reclama. Los mecanismos de participación creados en este gobierno, como los eventos de PeruPetro para notificar sobre los procesos de suscripción de los contratos de exploración y explotación petrolera, o los talleres y audiencias públicas durante la realización de los EIA, son instrumentos informativos que no responden a estas demandas. Por otro lado, el reglamento para aplicación de la Consulta Previa del Ministerio de Energía y Minas ha recibido varias críticas ante las dificultades que presenta para garantizar un proceso con legitimidad.

Queda pendiente, entonces, discutir cómo reglamentar un proceso de consulta que no solo permita decidir sobre la viabilidad de un proyecto, si se da o no la concesión, sino que facilite un proceso continuo para debatir sobre las condiciones del mismo. Con esto no me refiero solamente a las formas de compensación, sino, por ejemplo, a qué empresas se adjudican las concesiones -ya que algunas de ellas han perdido credibilidad ante la población- o bajo qué condiciones se podría usar el agua para la explotación minera.

No obstante, también es necesario reflexionar sobre cuáles son los mejores mecanismos de gobierno para decidir sobre este tipo de actividades. Existen instrumentos que proponen una mirada sobre el conjunto del territorio, como las Evaluaciones Ambientales Estratégicas o los procesos de Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial (ZEE-OT), que van más allá de centrarse en proyectos puntuales sobre los cuales siempre es difícil definir a los involucrados. Los procesos  de ZEE-OT pueden ser bastante controversiales al poner sobre la mesa la decisión sobre los usos de los recursos –además de no estar todavía claros sus alcances en tanto el OT no está normado–, pero por el momento es uno de los pocos espacios donde se plantea negociar un interés público. Son este tipo de herramientas las que deberían ayudarnos a contar con la información suficiente como para decidir, a partir del consenso entre los distintos actores, qué zonas son aptas para la explotación minera, dónde esta puede convivir con la agricultura, bajo qué condiciones, y dónde no es posible que coexistan. Esto resulta crucial en tanto muchos de los conflictos reflejan la disputa sobre el uso del recurso hídrico que, en algunas zonas, será cada vez más escaso.

Por otro lado, algunos entienden los conflictos como una consecuencia de que la población no percibe los beneficios que generan las actividades extractivas, sobre lo que se suele echar la culpa a los gobiernos regionales y locales sin tomar en cuenta la complejidad de asumir la gestión del canon. Sin embargo, hay que distinguir entre la demanda de la población por ser tomada en cuenta al momento de definir los usos del territorio, de las demandas por recibir beneficios de la extracción de los recursos.

Recordemos que el candidato García, en el 2006, prometió aplicar el llamado impuesto a las sobre-ganancias para que el Estado pueda captar mayores ingresos en un contexto de altos precios de los minerales. Pero, pasadas las elecciones, frente al argumento de ahuyentar la inversión, prefirió crear el Programa Minero Solidaridad con el Pueblo, donde se estableció que las empresas aportarían voluntariamente el 3.75% de sus utilidades netas del 2007 al 2011. Este mecanismo ha captado una pequeña fracción de lo que hubiera representado la primera propuesta de García, además de no haber ayudado a resolver el problema de la eficacia en la ejecución del gasto. La inversión de este aporte se decide actualmente en comités donde participan –en algunos casos más, en otros menos– los gobiernos regionales y locales, pero donde la mayoría la tienen las empresas, quienes no están obligadas a rendir cuentas sobre el avance de la inversión. Esto hace que exista una tendencia a que estos mecanismos se conviertan en una extensión de sus políticas de responsabilidad social, donde la priorización de los proyectos responde al interés de crear una buena imagen del inversionista, principalmente dentro de su área de impacto.

Dentro de este contexto, le toca al nuevo gobierno pensar seriamente en los instrumentos que permitan aprovechar mejor las rentas que generan las actividades extractivas de modo que respondan a las necesidades de la población. Esperemos que esto implique, además, aprovechar estos momentos de bonanza para promover alternativas económicas, como la agricultura familiar que respaldaba el entonces candidato García.  Esto debería permitir la construcción de un modelo de desarrollo que no dependa únicamente de la extracción de recursos no renovables. Es solo ante la existencia de alternativas que se tendrán buenas condiciones para discutir hacia donde queremos ir.