Por Sandra Portocarrero
Cuando el 28 de agosto de 2003 se hizo público el informe final de la CVR, muchos peruanos que no fuimos afectados directamente por la violencia política que vivió nuestro país nos detuvimos con interés a revisar –muchos por primera vez– una historia que era más nuestra de lo que habíamos pensado hasta entonces: durante las dos últimas décadas del siglo XX, nuestro país estuvo marcado por el terror, la indiferencia y el silencio producto de un conflicto entre Sendero Luminoso, la execrable organización subversiva y terrorista que desencadenó la guerra, y un Estado que decidió tomar medidas draconianas que destruyeron parte de nuestra sociedad.
Han pasado más de siete años, dos gobiernos, y los familiares de las víctimas fatales del conflicto armado interno –el cual no solo dejó casi 70 000 personas (en su mayoría hombres) sin vida sino también un abrumador número de viudas y huérfanos– siguen pidiendo reparaciones sin lograr captar más que un interés mínimo. En cierto sentido, el Estado peruano ha continuado dándoles la espalda. Pareciera pues que el “tema” de las reparaciones (porque para muchos es simplemente eso, un tema de conversa y no una responsabilidad política y moral del Estado) se está convirtiendo en periódico de ayer.
El 16 de junio de este año, Alan García y la ex premier Rosario Fernández firmaron e hicieron público el DecretoSupremoN° 051-2011-PCM, el cual designa como monto de reparación diez mil nuevos soles a las viudas, huérfanos y madres de desaparecidos y asesinados cuyos nombres figuran en el Registro Único de Víctimas.
La problemática de reparaciones económicas va mucho más allá del asunto del dinero otorgado. Según Elena Gonzales, presidenta de ANFASEP, este tipo de reparaciones no es lo que ellas esperaban: “¿Diez mil soles? Hemos perdido todo, nuestros animalitos, nuestras plantas, nos hemos desplazado, hemos perdido más de diez mil soles”.
Diferentes narrativas del conflicto interno han sido construidas en la última década. La de mayor arraigo quizás sea aquella que no toma en cuenta las verdaderas necesidades de los afectados por el conflicto y que cree que con un poco de dinero todo se puede resolver. Así pues se da origen a este tipo de reparaciones, que son estimadas como insuficientes y hasta insultantes por parte de los beneficiados.
¿Existe realmente interés político en la creación de una memoria colectiva?
El término memoria se vuelve cada vez más popular. Mediante eventos como el Seminario de Reparaciones y Memoria que se llevó a cabo el 15 de julio en Ayacucho; organizaciones como la Comisión del Lugar de la Memoria; e instituciones como la CONAVIP, ANFASEP e IDEHPUCP se hace claro que hay esfuerzos orientados a que la memoria en el Perú sea una un tema de discusión prioritario.
Sin embargo, existen instancias de nuestra sociedad civil, como gran parte de la prensa tradicional, que parecen estar más ocupadas en crear debates que venden, enfocados en temas superficiales para el devenir del Estado, y que muestran con claridad la falta de interés de participar en la edificación de una memoria común. Entre varios casos que evidencian este punto, el que más resalta es el de Ciro, que ha ocupado durante meses las portadas del Trome (el diario más leído a nivel nacional) y que ha sido motivo reiterado semana tras semana de notas y reportajes por parte de otros medios. A pesar de que es un caso singular y que en los medios no se lo encuadra como un problema de interés nacional, sino como un drama orientado solamente a conmover a las audiencias, nadie repara –y, por supuesto, los medios no lo discuten– en lo desproporcionado de la búsqueda de Ciro en relación con la de las muchísimas víctimas de la guerra interna que aún se encuentran desaparecidas.
En ese sentido, ¿puede decirse que se está cumpliendo lo establecido en la ley peruana, según la cual los medios, al ofrecer información y entretenimiento, deben no solo promover el respeto a los derechos fundamentales, sino también los valores humanos y la identidad nacional? El que, después del esfuerzo realizado por la CVR y de los años de lucha por parte de los familiares afectados por la violencia política, la prensa opte por darle la espalda a un tema fundamental y capital para la construcción de la ansiada reconciliación nacional sugiere que no…
La situación en muchos aspectos es paralelo a lo de las víctimas del genocidio contra la UP en Colombia. Diez mil soles puede ser una cantidad insultante para una viuda que ha perdido todo, pero, multiplicado por el gran número de víctimas, tal vez crearía un desincentivo para este tipo de abusos en el futuro — para que el estado se esfuerce más en prevenirlo la próxima vez.
Me parece interesante la comparación entre la búsqueda mediatizada de Ciro y aquella relegada a los márgenes de la agenda pública que sostienen los afectados por la violencia. Ambas narraciones comparten en un primer momento la ruptura de la cotidianeidad familiar por la desaparición de un ser querido. Además, la acuciante y desoladora actualidad de la pregunta ‘¿Qué sucedió con mi hijo?’ impregna a los sujetos envueltos en ambas búsquedas, truncando el proceso de duelo y recuperación. Pero existen también diferencias. La búsqueda de Ciro es (1) la de una sola familia, se describe como (2) algo que sucede en un lugar inhóspito, y (3) la situación de la desaparición – así como las responsabilidades- resultan difusas.Mientras que (1) la búsqueda de los afectados por la violencia aglomera a una colectividad de familias muy diversas en términos sociales, culturales, económicos y territoriales.(2) Buena parte de los afectados (aunque en menor medida los desplazados) vive en proximidad a fosas comunales no exhumadas y debe transcurrir el día a día relegando la incertidumbre, frustración y dolor que esta cercanía les produce. (3) Existe para el caso de los afectados una serie de responsabilidades concretas: En primer lugar las fuerzas del orden y el Estado quienes fueron adversos a la defensa de la vida que debían procurar; en segundo lugar, aquellas personas naturales cuyos delitos han sido identificados y se encuentran en proceso de judicialización.
Ciertamente las diferencias entre ambos casos hacen que la búsqueda de Ciro sea mucho más dramáticamente correcta y cómoda para los medios. En otras palabras, mientras que la búsqueda de los afectados se plantearía como una narración abierta que exige la implicación política de quien la escucha, la búsqueda de Ciro puede ser plácidamente consumida como un caso aislado, distante y cerrado a la intervención de la audiencia. Esto, claro esta, no quiere decir que el dolor de la familia de Ciro sea menos real que el de los familiares de las víctimas de la violencia política. En cambio, quiere decir que ha sido banalizado y transformado exitosamente en entretenimiento según la fórmula del follow-up periodístico.
El caso de la búsqueda de los familiares no puede ser reducido a un follow-up, necesita de un tratamiento mediático comprometido, capaz de exigir a su audiencia una forma de identificación que supere el centralismo limeño. Se trata de un reto que habría de asumir una prensa que busque formar ciudadanos y no solo asegurar clientes. Es posible que el germen de este tipo de prensa se encuentre en espacios como anti-prensa. Felicitaciones