Por Ernesto Ráez Luna
(Nota: una versión más corta de este artículo fue publicada en el diario El Comercio el 15 de septiembre de 2011)
Dos infaustos proyectos de ley del congresista Amado Romero y denuncias periodísticas sobre los horrores de la minería aurífera ilegal han indignado a la ciudadanía, que exige acciones definitivas. El gobierno de Alan García trató el problema con emblemática frivolidad, con operativos tan mediáticos como efímeros, y comisiones dominadas por los mineros, sin vigilancia ciudadana ni participación de los afectados. Así, atizada por el precio del oro, la ilícita actividad se desparramó por todo el país. Su nefasta influencia ya es comparable con el narcotráfico. Existen indudables afinidades y vasos comunicantes entre ambas formas de delito organizado, dependientes del control de espacios productivos.
Foto: Thomas Müller (SPDA)
Los enclaves de minería ilegal, de Piura a Puno, funcionan como territorios “liberados”. Aquiles Velásquez, Presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios y sucesor de Romero, dice subversivamente: “Tenemos un enemigo que se llama el Estado”. La minería ilegal es, pues, un problema de Estado. Pero el gobierno anterior insistió en pintarla como algo meramente ambiental/regional y anunció una “formalización” que sólo sirve para que los mineros ilegales ganen tiempo y sigan con las suyas. Ahora ¿qué hacer?
Se requieren acciones inmediatas articuladas con labores de mediano plazo. Pero la clave está en cambiar de enfoque: (1) Reconocer a la minería ilegal como problema de Estado, donde el Gobierno Central debe liderar; no las regiones, y donde el sector Energía y Minas es responsable ideológico del caos reinante. (2) Rechazar la justificación de la minería ilegal como amparo de los pobres. La codicia, no la pobreza, impulsa a los peces gordos –perfectamente identificables– con cientos de miles de dólares en maquinaria, que son los devastadores principales. Es a estos que se debe golpear con contundencia. (3) El objetivo urgente no es ambiental sino humanitario: salvaguardar la integridad física y la dignidad humana de las personas –muchas, menores de edad— en riesgo o sometidas a iniquidades.
De manera inmediata, el Presidente de la República debe establecer un comando multi-sectorial liderado por el MINAM y el Ministerio del Interior, con capacidad de inteligencia policial y fiscal. Este comando coordinará acciones con ventaja táctica de la fuerza pública, para: (1) Recuperar el dominio del Estado y el imperio de la ley en enclaves principales de minería ilegal. Son prioritarias Ananea (Puno), Camanti (Cusco), Huaypetuhe-Colorado-Guacamayo y la Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios). (2) Destruir o confiscar toda maquinaria empleada ilícitamente, especialmente en las artes denominadas “chupadera”, “shute-cargador frontal” y grandes dragas, que exceden cualquier pequeña minería, con gravísimo daño ambiental. (3) Interceptar insumos, repuestos y el transporte de oro de enclaves ilegales. (4) Intervenir la compra de oro en Puerto Maldonado y otras ciudades. (5) Capturar a los criminales refugiados en los enclaves ilegales, especialmente a los explotadores sexuales de menores.
Foto: Thomas Müller (SPDA)
En el mediano plazo, con los gobiernos regionales y la ciudadanía: (1) Identificar y vetar permanentemente a los concesionarios transgresores. (2) Reformar el sistema normativo: Redefinir, en términos de productividad, rentabilidad e impactos, la mal llamada “pequeña” minería. Establecer zonas de extracción y zonas de exclusión con criterio técnico, incorporadas al Ordenamiento Territorial. Simplificar los procesos de concesión, sincerar el alcance de los planes de mitigación y modernizar los sistemas de monitoreo, evaluación y gestión de impactos. Para ello, será necesario dar sustento científico (especialmente, ecológico) a los EIA, que hoy son un mero trámite. Recuperar control del beneficio y la venta de oro, con un Banco Minero u otra fórmula. Promover la asociación de pequeños productores, el “oro verde”, el valor agregado y el comercio justo. (3) Erradicar la evasión tributaria, aumentar el canon minero y usar esos recursos para superar la pobreza extrema y la debilidad institucional en las zonas expulsoras de población precaria. (4) Procesar fiscalmente a funcionarios, empresas y capitalistas involucrados en la minería ilegal. Enviar algunos a prisión. (5) Evaluar científicamente el impacto ambiental de la minería ilegal: la destrucción de ecosistemas hídricos de selva y puna; el efecto en los niños del neurotóxico metil-mercurio. Y emprender, claro está, un gran esfuerzo de remediación.
¿Cual es el ingrediente imprescindible? Voluntad política. No la tuvieron Toledo ni García. ¿La tendrá Humala?
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