Pautas en pos de la (re)generación de la confianza entre el Estado y los pueblos indígenas

Por Gustavo Zambrano Chávez

El Perú es, como se sabe, un país pluricultural. Esta es otra forma de decir que a lo largo del territorio nacional conviven una gran diversidad de culturas y pueblos. Ahora bien, conviene preguntarse ¿de qué manera entienden los peruanos este hecho?, ¿de qué forma se entiende en el país la pluralidad cultural? Esta pregunta visita mi mente cada vez que se habla de pueblos indígenas. Las imágenes que los medios de comunicación muestran –al menos en buena parte– se sostienen en prejuicios y estereotipos exotizantes vinculados en muchos casos con los conflictos sociales. Así pues la prensa no aporta sino a fortalecer el retrato de los indígenas como grupos alejados de la modernidad y cercanos al atraso.

El Estado, por su parte, ha sido a lo largo de la historia muchas veces agente y responsable de la invisibilización y la postergación de los pueblos indígenas. ¿Cómo cambiar esta situación? Al encontrarnos un nuevo gobierno, resulta importante reflexionar acerca de los desafíos en materia de pueblos indígenas que este tendrá que asumir. El objetivo debe ser generar acciones estatales capaces de establecer un puente real entre los gobernantes y las diversas culturas del Perú que garantice los derechos humanos y, sobre todo, los derechos de los pueblos indígenas como parte de un enfoque de promoción de la inversión sostenida en responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

 Pero ¿cómo empezar este acercamiento? Lo más recomendable es generar acciones concretas que restablezcan la confianza de los pueblos indígenas con el Estado, y viceversa. Por ejemplo, una acción decisiva debería ser impulsar un adecuado cumplimiento de los acuerdos de las Mesas del proceso de Diálogo luego de los sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio del 2009. Ello incluye cumplir los acuerdos del Plan de Desarrollo de la Amazonía, dándole el rango legal adecuado para que los sectores del Estado puedan implementar las tareas que este contiene. Es vital recordar que en ese espacio se llegaron a alcanzar una serie de acuerdos consensuados con líderes indígenas que al efectivizarse permitirían ir estableciendo derroteros sobre los cuales comenzar a trabajar acciones de más largo plazo que se articulen en políticas públicas.

Duelo en Bagua (Foto: Musuk Nolte)

 Un segundo eje debería ser establecer un cada más efectivo trabajo del Estado en materia de pueblos indígenas. ¿De qué manera? Es importante pensar en una Política Nacional sobre Interculturalidad así como contar con un Plan Nacional sobre Interculturalidad e Inclusión social. El objetivo de ambos instrumentos es mostrar el camino que el Estado y la sociedad en su conjunto deban seguir para la construcción de una ciudadanía respetuosa de la diversidad cultural del país, entendida como pluricultural, y alejada de la simple visualización –que muchos medios reproducen reiteradamente– de lo diverso como manifestación folclórica. Ello deberá incluir un apartado relacionado a pueblos indígenas elaborado de manera participativa, que visualice no solo el rol que han tenido y deben tener en la construcción de una identidad nacional plural, sino que además permita contar con pautas y lineamientos de gestión pública participativa para mejorar sus condiciones de vida en un contexto inclusivo y respetuoso de la diversidad.

Pero todo esto requiere de herramientas que faciliten el trabajo de la administración estatal. Ante esto, es necesario contar con información actualizada sobre la realidad de los pueblos indígenas en el Perú. La realización de un diagnóstico sobre pueblos indígenas es mandatorio. Contar con información de base sobre temas como el uso del idioma, los niveles de pobreza, acceso a servicios básicos, así como la elaboración de indicadores estadísticos basados en la realidad indígena, en temas como salud, educación, así como riesgos a la vida y cultura de los pueblos ayudarían a esclarecer escenarios en los que el Estado tiene que empezar a decidir para no afectar sus culturas. Es momento de empezar a pensar la interculturalidad y las políticas públicas en materia de pueblos indígenas desde una visión técnica asentada en las lógicas de la modernización del Estado, crear capacidades de medición de impactos reales para entender si efectivamente estamos o no generando cambios hacia una ciudadanía intercultural.

Todo lo anterior pasa necesariamente a través de un adecuado fortalecimiento de la institucionalidad indígena en el Estado –una tarea que se da a través de la generación de espacios públicos que refuercen el trabajo de decisión política y el diseño de propuestas para el desarrollo con y para los pueblos indígenas. Sin ir muy lejos, empezar a hablar en los medios y en el debate público de la temática indígena y de la riqueza de la diversidad cultural como ejes del desarrollo, y no solo como parte de noticias relacionadas a conflictividad social. De igual manera, revisar y fortalecer la estructura organizativa del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, apuntando a generar un efectivo espacio político y técnico como ente rector que es, que al verse sólido permita alejar elfantasmadelainsuficienciadetrásdelINDEPA. De igual manera se exige la formación de cuadros técnicos especializados en gestión pública intercultural e indígena como veníamos diciendo. Todo lo anterior exige a su vez un trabajo descentralizado. En ese sentido, es necesario afianzar el trabajo con los Gobiernos Regionales y Locales en esta materia.

Es sustancial no olvidar que una política para pueblos indígenas no debe confundirse con el asistencialismo o la reacción tardía luego de manifestaciones de queja frente al olvido estatal. De igual manera, que la acción del Estado no debe solo enfocarse en actividades sin impacto a largo plazo. Si bien es cierto se debe de visualizar la riqueza cultural del país, existen tareas urgentes que apuntan a conciliarnos como sociedad y atacar problemas estructurales como la discriminación y el olvido.

Marcha por la selva (Foto: Musuk Nolte)

Existen, además, una serie de tareas urgentes que el Estado debe abordar con responsabilidad. Es urgente seguir trabajando por una adecuada educación intercultural bilingüe, un mayor trabajo en conjunto con el Poder Judicial para generar más y mejores canales comunicantes entre la justicia comunal y la justicia estatal. De igual modo, contar con una Ley de Consulta, entendida no solo como un procedimiento administrativo, sino como un factor determinante para la cohesión social, la promoción de una cultura de diálogo entre culturas, y un mecanismo de prevención de conflictos sociales. Otro tema es el respeto de los pueblos en aislamiento a través de la adecuación de las reservas territoriales, abriendo el debate alrededor de la actividad extractiva dentro de tales tierras en pos de una mejor convivencia. Finalmente, culminar con los procesos de titulación de sus propiedades comunales, lo que daría una efectiva seguridad jurídica a sus territorios frente a terceros.

El escenario no es sencillo, las tareas son muchas, pero el futuro de un país reconciliado y sostenido en la confianza es una labor que no debe dejarse de lado.